Seis de cada diez municipios españoles han perdido población a lo largo de las últimas décadas como consecuencia de la concentración de población en las zonas urbanas de nuestro país, fenómeno que se da con mayor fuerza en España que en el conjunto de la Unión Europea.

Cerca del 40% del total de la población española reside en las 63 ciudades más grandes (las que tienen más de 100.000 habitantes), mientras que los más de 5.000 municipios con menos de 1.000 habitantes, apenas reúnen al 3,1% del total de la población, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en la Encuesta del Padrón Continuo.

El último informe anual del Banco de España sitúa el foco de la despoblación en 3.403 municipios (el 42% del total) y añade que los territorios afectados “presentan idiosincrasias en aspectos socioeconómicos y ortográficos, así como una peor accesibilidad a servicios que los municipios urbanos y que el resto de municipios rurales”.

En un trabajo reciente, Funcas concreta este fenómeno en 23 provincias españolas que en 1950 suponían el 34,1% del total de la población española, generaban el 26,7% del Valor Añadido Bruto (VAB) y representaban el 33,5% del empleo total, y que hoy tan solo suponen el 18,1% de la población, producen el 16,1% del VAB y aportan el 17% del empleo; es decir, han perdido “la mitad de su peso demográfico, económico y laboral”.

De estas 23 provincias, las 11 las que presentan mayor despoblación son Ávila, Cuenca, León, Zamora, Salamanca, Lugo, Ourense, Segovia, Palencia, Soria y Teruel.

Masculinización y envejecimiento

Este proceso de pérdida de población ha ido acompañado, con el paso de los años, de una progresiva masculinización y envejecimiento de sus habitantes. En los pueblos más pequeños, los que tienen menos de 100 habitantes, la edad media de la población es de 57,6 años, mientras en las grandes ciudades la cifra baja a 43,12 años; es decir, 14 años menos. 

En cuanto al paulatino proceso de masculinización del medio rural, el documento de diagnóstico de la Estrategia del Gobierno frente al Reto Demográfico explica que “la estadística de variaciones residenciales muestra que la población femenina tiene saldos opuestos según el tamaño de municipio de origen. Se produce una salida de población cuanto menor es el tamaño del municipio, y, además, esa salida es mucho más acusada en el caso de las mujeres”.

El documento menciona también que esta salida más acusada de habitantes también es mayor entre la población con edades comprendidas entre los 16 y los 44 años.

¿Por qué es el momento de cambiar las cosas?

Pese a que los datos muestran que la situación se agrava con el paso de los años y la población se concentra en menor medida en los núcleos de población más grandes, la despoblación ocupa un peso creciente en la agenda pública, hay una mayor sensibilización entre la ciudadanía, crece el tejido social y asociativo y algunas de las consecuencias de la pandemia pueden ayudar a las familias a volver al medio rural.

Sin embargo, algo ha comenzado a cambiar. Desde una perspectiva nacional, en 2017, el Gobierno creó el Comisionado frente al Reto Demográfico, que en 2020 adquirió rango de Secretaría General y ha publicado en 2021 un plan de acción compuesto por más de 130 medidas, buena parte de las cuales van dirigidas al desarrollo rural. 

En el parlamento, la llegada de Teruel Existe ha ayudado a situar en la agenda pública esta realidad. Y los partidos, a su vez, han dado mayor presencia a la despoblación en sus debates e iniciativas. A primeros de junio, se encontraban registradas en el Congreso de los Diputados más de 125 iniciativas parlamentarias que tenían relación con este asunto. En el Senado, a su vez, existe una comisión específica sobre despoblación y reto demográfico que debate de forma recurrente sobre esta cuestión.

En el ámbito autonómico, los gobiernos han publicado o trabajan actualmente en leyes destinadas a la dinamización demográfica o la fijación de población. Es el caso de Galicia, Castilla y León o Castilla-La Mancha o Aragón, comunidades que han anunciado otras medidas como el transporte a demanda gratuito, que llegará a los castellanos y leoneses en 2022. 

Al mismo tiempo, la sociedad cada vez está más movilizada alrededor de la despoblación. Crecen las iniciativas sociales, aumentan las inversiones de las empresas en zonas rurales (por ejemplo, en el sector de las energías renovables), se deslocalizan servicios de empresas o foros de debate y se multiplican los proyectos de innovación social ideados y desplegados desde los propios municipios. 

En paralelo, el aumento del teletrabajo (algunos estudios aseguran que se ha multiplicado por ocho por la pandemia) ha permitido devolver algunas familias al medio rural. Es más; han podido reabrir más de una decena de escuelas rurales como la de Aguilar de Alframbra, en Aragón, o la de Ollauri, en La Rioja, que llevaban cerradas 30 años porque no había niños suficientes. 

Poder deslocalizar la oficina ha permitido a numerosos trabajadores establecerse de forma habitual en municipios en los que antes tan solo pasaban fines de semana o periodos vacacionales. Sin embargo, el reto ahora es evitar que sea un fenómeno coyuntural y aprovechar esa tendencia, impulsando proyectos e inversiones que permitan cubrir las necesidades de quienes viven en el medio rural.

Los fondos se presentan como una importante oportunidad en este sentido. Y, de hecho, el Gobierno ya ha anunciado que destinará 10.000 millones de euros procedentes de estos fondos a la lucha contra la despoblación y la generación de oportunidades en zonas rurales.

Todos somos parte de la solución 

Por estas y otras razones, nos encontramos ante una oportunidad histórica. Quizás, la más relevante que el medio rural ha tenido en décadas. Sin embargo, es necesario que todos nos involucremos; pues todos podemos ser parte de la solución. 

Desde la perspectiva individual, es importante que quienes viven en zonas rurales se empadronen en ellas, pues el número de empadronados supone una fuente de ingresos muy relevante para los municipios y, por extensión, para los recursos de que disponen para pagar los servicios.

Desde la perspectiva colectiva, es necesario que los partidos políticos alcancen un gran Pacto de Estado que incluya una previsión de inversiones sostenida en el tiempo. A finales de mayo, los grandes líderes políticos españoles coincidían en Soria en un evento contra la despoblación pero salían del mismo sin alcanzar ni anunciar acuerdo alguno.

Si hay espacio para el consenso, los responsables tienen el deber de alcanzar acuerdos que prioricen la prestación de servicios y la generación de oportunidades, que son los elementos en los que todos ellos están de acuerdo que hay que profundizar.

Finalmente, es esencial que las empresas se involucren de forma más activa. La llegada de industria a determinadas zonas de España, la apertura de centros logísticos o el asentamiento de proyectos corporativos han demostrado ser un revulsivo para la generación de oportunidades. Es, en consecuencia, esencial, que las empresas apuesten por las zonas rurales, se instalen en ellas si su actividad lo permite y enfoquen también sus iniciativas de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) a la cohesión territorial, la vertebración del territorio y la lucha contra la despoblación. 

Impulsar las zonas rurales implica crear un país más fuerte, más equitativo, con más oportunidades y más sostenible, pues las zonas rurales son un pulmón verde cuyo papel para la mejora de la salud ambiental del país resulta absolutamente esencial. Si cada uno de nosotros hace su pequeña aportación y remamos en la misma dirección, podremos aprovechar esta oportunidad histórica y construir un país más próspero y justo que devuelva a las zonas rurales todo lo que nos han dado a tantos de nosotros.